El Código Civil y Comercial (2015) establece “a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”. En el caso de la anticoncepción quirúrgica, reconocida por la ley 26.130, se establece que las personas deben solicitar este método anticonceptivo y pueden elegirlo luego de un proceso de asesoramiento, en el que se le explican todas las opciones anticonceptivas, las ventajas y desventajas de cada método y la persona debe firmar un consentimiento informado, en el cual deja constancia de que desea acceder a este método anticonceptivo permanente.

Las decisiones autónomas sobre si tener o no tener hijos/as/es, cuándo tenerlos, el espaciamiento entre sus nacimientos y cómo evitar un embarazo son parte de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos como derechos humanos. Las políticas de salud sexual y reproductiva en la Argentina están basadas en la autonomía de las personas, y reconocen en el caso de adolescentes la autonomía progresiva. No se promueve un método o una práctica anticonceptiva en particular sino la disponibilidad de una amplia canasta de métodos y la información para el ejercicio de la autonomía.